Solicitud Angelino Garzón a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH

Bogotá D.C, 30 de enero de 2015

Señores
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) – OEA
1889 F St., N.W.,
Washington, D.C., U.S.A. 20006
E-mail: cidhoea@oas.org
Teléfono: (202) 370-9000
Fax: (202) 458-3992

Distinguidos Comisionados:
ANGELINO GARZÓN, ciudadano colombiano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, Colombia, identificado con la cédula de ciudadanía No 14.946.998, y en mi calidad de ExVicepresidente de Colombia en el período 2010-2014, me dirijo a Ustedes respetuosamente con el fin de solicitarles se estudie la posibilidad de recomendar a la CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, que adelante un seguimiento y control al cumplimiento integral por parte de la Gobernación del Valle del Cauca en diciembre de 2007 de la Sentencia SU 174/07 del 14 de marzo de 2007, por medio de la cual se ordenó al Departamento del Valle del Cauca pagar un laudo arbitral del 24 de abril de 2003 que ya contenía en sus resuelves no sólo el capital sino los intereses moratorios, laudo que se originó en la firma del contrato de concesión GM-95-04-017 para la construcción de la doble calzada Cali- Candelaria, obra que nunca se realizó.
Como Gobernador electo del Departamento del Valle en el período 2004-2007, me correspondió instaurar la acción de tutela en defensa del patrimonio y la moralidad pública, y al ser negada, dar cumplimiento al fallo de tutela de la Corte Constitucional el 14 de diciembre de 2007 y pagar las sumas ordenadas en el mismo, que correspondían a lo ordenado por el laudo arbitral por valor de $ 20.743.302.874 (9.4 millones de dólares) al contratista CISA S.A. en liquidación, capital e intereses que sumados a los $15.417.000.000 (7 millones de dólares) que se recaudaron por concepto de peajes antes del municipio de Candelaria, arrojan una cifra pagada a 2007 de $ 36.160.302.874 (18 millones de dólares).
Sin embargo, los contratistas, convencidos de que los recursos del Estado son un barril sin fondo, han pretendido con el respaldo de algunos abogados, defensores políticos de oficio y la negligencia de algunos servidores públicos que el fallo de revisión de tutela de la más alta corporación constitucional del país no tenga punto de cierre o de cosa juzgada.
Esta petición respetuosamente me he visto forzado a hacerla ante mi preocupación de que los fallos del más alto Tribunal Constitucional de Colombia que junto con los fallos de la Corte Interamericana y el Derecho Internacional conforman el bloque de constitucionalidad, se dejen de cumplir, afectando el principio de cosa juzgada, de cierre de los procesos y desconociendo los mandatos en dicho sentido contenidos en la Constitución de 1991, la cual contribuí a redactar en mi condición de integrante de la Asamblea Nacional Constituyente.
La consecuencia funesta del incumplimiento del fallo constitucional ha llevado a que después de diciembre de 2007, fecha en que terminé mi mandato como Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, se hayan pagado por intereses y sin soporte legal la suma de 7.800 millones de pesos (3.5 millones de dólares) a la Empresa CISA S.A en liquidación y continúen pretendiendo el cobro de más intereses de mora.
Al negarme como Gobernador a pagar intereses que no estaban ni en el fallo de tutela ni en el laudo arbitral, en varias ocasiones se ha pretendido utilizar en contra mía la amenaza de instaurarme una acción de repetición por defender el patrimonio público y denunciar la corrupción. Lo mismo que como estrategia política para oponerse a una posible candidatura a la Alcaldía de Cali o de Bogotá, o a cualquier cargo de elección popular.
Esta situación me ha llevado a comprometerme de manera pública en un pacto ético con la población del Valle del Cauca, consistente en que si el día 17 de abril de 2015, fecha en que se cumplen 20 años de haber sido adjudicado sin licitación el contrato de la carretera doble calzada Cali – Candelaria que nunca se construyó, se me ha instaurado la acción de repetición cumpliendo todos los requisitos legales y garantizándome el debido proceso, renunciaré públicamente a mi candidatura bien sea para la Alcaldía de Cali o Bogotá, así en ese momento el Partido de la U ya me haya dado el aval.
Espero que se me entienda que el único propósito de esta petición respetuosa, es la defensa de los principios y derechos establecidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, lo mismo que el derecho al buen nombre y a la dignidad y deber de todo servidor público de luchar como gato patas arriba contra la corrupción y por la defensa de lo público.
Señores Magistrados: si ustedes consideran pertinente estoy dispuesto a participar en una audiencia pública en la sede de la Comisión, en la cual bajo juramento ampliaré mi solicitud ante ustedes porque considero estos hechos como violatorios de mis derechos humanos.
Notificaciones:
Las recibiré en mi correo electrónico angelino.garzon@gmail.com o en mi domicilio Calle 135 B Numero 13 – 58 Bogotá D.C.
Anexo:
Copia del fallo de la Corte Constitucional SU 174/07 del 14 de marzo de 2007.

Cordialmente,

ANGELINO GARZON
Ex Vicepresidente de Colombia

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En Colombia no necesitamos un frente común contra la izquierda sino contra la corrupción y por la defensa de lo público, para que hechos como Cali – Candelaria, el túnel de la línea y los Nules en Bogotá no se vuelvan a repetir”

Carta Abierta de Angelino Garzón
Santiago de Cali, enero 29 de 2015

“En Colombia no necesitamos un frente común contra la izquierda sino contra la corrupción y por la defensa de lo público, para que hechos como Cali – Candelaria, el túnel de la línea y los Nules en Bogotá no se vuelvan a repetir”.

Con la asistencia de maestros, maestras, Sintragobernaciones Seccional Valle, la CGT Valle y más de 150 líderes sociales de Cali y de algunos municipios del Valle, el día 28 de enero en Comfenalco Cali, acordamos:

1. Realizar el día 2 de febrero a las 5pm en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle – SUTEV, Cali, una reunión preliminar para la construcción de un Pacto contra la corrupción y la defensa de lo público, con el fin de que hechos como la carretera Cali – Candelaria, el Túnel de la Línea y el caso del Grupo Nule en Bogotá, nunca se repitan.

2. Rechazar la corrupción y reivindicar la defensa de lo público, porque cada peso que le roben al Estado o que el Estado pague por obras no realizadas, es un peso menos para invertir en educación, salud y en el derecho de los seres humanos a vivir mejor y en paz, empezando por los niños y las niñas.

3. Rechazar que en Colombia quienes defienden el Estado como gato patas arriba absurdamente terminan como los malos de la película y en cambio, los que contribuyen a robar al Estado o lo vuelven su vaquita lechera, terminan como los buenos del paseo.

4. Expresamos nuestra preocupación porque después del fallo de la Corte Constitucional que obligó al Gobernador del Valle del Cauca a pagar 20.742 millones de pesos en el año 2007 por una carretera que se contrató el 17 de abril de 1995, pero que a pesar de que cobraron peaje durante 3 años nunca se construyó, algunos servidores públicos, personas particulares y la propia Gobernación del Valle continúan desconociendo integralmente los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional, creándose con ello el absurdo mensaje de que los fallos de esta Corporación aunque se cumplan integralmente, pueden ser desconocidos y manoseados con el tiempo.

5. En opinión de los asistentes a la reunión, donde estaban presentes varios abogados y abogadas, este hecho es muy grave y significa que se pueden revisar todas las sentencias de la Corte Constitucional, incluyendo lo relacionado con la protección de derechos fundamentales y minorías étnicas. En tal sentido, respaldaron la iniciativa de Angelino Garzón de presentar en los próximos días una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH de la OEA, encaminada a que este organismo recomiende a la Corte Constitucional que haga un seguimiento y control al cumplimiento integral en diciembre de 2007 por parte de la Gobernación del Valle del Cauca de su sentencia SU 174/07 del 14 de marzo del 2007 y para que reitere que como instancia máxima de defensa de la Constitución y los derechos humanos en Colombia, sus sentencias no admiten recursos ante otras instancias judiciales.

6. Los asistentes respaldaron el Pacto Ético con la Población del Valle del Cauca que de manera libre y soberana ha manifestado Angelino, consistente en que si el día 17 de abril de 2015 fecha en que se cumplen 20 años de haber sido adjudicado sin licitación el contrato de la carretera doble calzada Cali – Candelaria que nunca se construyó, se le ha instaurado la acción de repetición cumpliendo todos los requisitos legales y garantizándole el debido proceso, él renunciará públicamente a su candidatura bien sea para la Alcaldía de Cali o Bogotá, así en ese momento el Partido de la U ya le haya dado el aval.

7. Como mensaje de solidaridad y fortaleza con el compañero y amigo Senador Antonio Navarro Wolf y en homenaje a la memoria de su hijo, todos los asistentes guardamos un minuto de silencio.

La realidad de la vida nos ha enseñado que en Colombia no necesitamos un frente común contra la izquierda sino contra la corrupción y por la defensa de lo público, para que hechos como Cali – Candelaria, el túnel de la línea y los Nules en Bogotá no se repitan.

Fraternalmente:

ANGELINO GARZON
Ex Vicepresidente de la República

Copia del Derecho de Petición el Señor Jose Lurduy Ortegon envío al Sr. Gobernador del Valle del Cauca, sobre la acción de repetición que se adelantara sobre el injusto pago que tuvo que realizar la Gobernación del Valle sobre la Carretera Cali- Candelaria, via que jamas se construyo

Señores y Señoras

E.S.E.
Remito copia del derecho de petición que he enviado al Sr. Gobernador del Valle del Cauca, sobre la acción de repetición que se adelantara sobre el injusto pago que tuvo que realizar la Gobernación del Valle sobre la Carretera Cali- Candelaria, via que jamas se construyo. Los invito a todos a su lectura y difusión.
Derecho de Peticicion_Señor Jose Lurduy Ortegon_Parte 1 Derecho de Peticicion_Señor Jose Lurduy Ortegon_Parte 2 Derecho de Peticicion_Señor Jose Lurduy Ortegon_Parte 3 Derecho de Peticicion_Señor Jose Lurduy Ortegon_Parte 4
He considerado mi deber, como servidor publico que he sido en el Valle del Cauca y haber laborado al lado del  Sr. Ex Gobernador del Valle y  Ex Vicepresidente de la República  Angelino Garzón, haber sido  Jefe de Control Interno del Valle del Cauca, durante 2 años en la actual administración, dejar constancia petitoria, solicitando el debido proceso para el desarrollo de esta acción de repetición y de igual manera  en derecho la  vinculación a esta causa de todas las personas servidores públicos que tuvieron que ver de principio a fin con este contrato, lesivo para el departamento. He planteado allí, para su conocimiento, algunos temas que considero dentro del marco legal se deben tener en cuenta  en este proceso. Quiero finalmente expresar mi respaldo al Dr. Angelino Garzon en la defensa que haga en este causa, que también es mi causa. Todos somos Angelino Garzón. Y la mejor defensa es hacer ver a quien corresponda que esa vía no se construyo.
De Uds Atentamente.

JOSE LURDUY ORTEGON
Administrador Público, Especialista en Gestión Ambiental y Dirección Prospectiva de Organizaciones. Asesor en Formulación de Políticas Públicas, Gestión de Calidad y Desarrollo de Organizaciones.

Cel: 3174004262Facebook: Jose Lurduy Ortegon – Twitter: @joselurduy – Sky: joselurduyo

“La lucha contra la corrupción es la mejor herramienta contra la evasión de impuestos y los déficit fiscales”

Lunes 26 de enero de 2015
Carta abierta Angelino Garzón

“La lucha contra la corrupción es la mejor herramienta contra la evasión de impuestos y los déficit fiscales”

Durante las campañas electorales se está en el tiempo de los gozosos. Los dolorosos se inician en el momento en que los gobernantes son elegidos y mucho más, cuando empiezan a gobernar.

Los momentos dolorosos surgen muchas veces por presión de los amigos, de familiares, de los que han dado los avales y por aquellos que conciben el Estado como una finca, una vaca lechera o sencillamente como un botín de guerra.

Los dolorosos también surgen con las demandas de aquellas personas jurídicas que contratan con el Estado pero no cumplen con la realización de las obras y muchas veces con sus defensores políticos de oficio que hacen de esta actividad una estrategia política contra gobernantes que no somos de su simpatía social o política.

No olvidemos que muchas empresas de infraestructura tienen más abogados que ingenieros. El gobernante sea de derecha, de centro o de izquierda hereda problemas que no puede evadir ni dejar de afrontar en el marco de la Constitución Nacional y de la ley, entre ellos, las decisiones de los denominados tribunales de arbitramento, conformados por particulares fallando en la mayoría de los casos contra los intereses públicos.

En el caso del Alcalde de Bogotá que salga elegido en octubre de 2015, sin importar por que partido político fue avalado o si el gobierno nacional lo considera amigo o enemigo, posiblemente tendrá que enfrentar de manera valiente y decidida las acciones legales y políticas que el grupo de los Nule y sus amigos pretendan realizar contra las finanzas de Bogotá.

Igual me pasó cuando fui gobernador del Valle del Cauca con el tema de la doble calzada Cali – Candelaria que nunca se construyó y que la Corte Constitucional respaldando la desicion de un tribunal de arbitramento, me obligó a pagar en diciembre de 2007 la suma de 20.743 millones de pesos, correspondiente a la totalidad de dineros incluyendo los intereses ordenados por el fallo de la Corte.

Precisamente sobre este tema, han existido y existen dos versiones diametralmente opuestas en el Valle del Cauca y en Colombia. De mi parte considero que actúe de manera correcta en la defensa de lo público y en tal sentido estoy dispuesto a responder jurídica y políticamente ante cualquier organismo de justicia.

Como de lo que se trata, es de evitar que estas situaciones se polaricen entre buenos y malos, y que continuemos siendo respetuosos y defensores de la libertad de expresión, como principio fundamental de la democracia y de los derechos humanos, muy fraternalmente me comprometo con un pacto ético frente a la población del Valle del Cauca a lo siguiente:

1. Si el día 17 de abril de 2015, fecha en que se cumplen 21 años de haber sido adjudicado sin licitación pública el contrato de la carretera doble calzada Cali- Candelaria que nunca se construyó, se me ha instaurado la acción de repetición cumpliendo todos los requisitos legales y garantizándome el debido proceso, renunciaré públicamente a mi candidatura bien sea para la Alcaldía de Cali o Bogotá, así en ese momento el Partido de la U ya me haya dado el aval.

2. Si al final de cuentas soy elegido Alcalde reitero que tal como lo hice en el tema de la carretera Cali – Candelaria y frente a otros hechos en el Valle del Cauca, continuaré la lucha contra la corrupción porque sencillamente considero que es la mejor herramienta contra la evasión de impuestos y los déficit fiscales.

En una relación de derechos y deberes como pilares de la democracia, solo le pido al Dios de los cielos que nos continúe dando templanza y serenidad, porque en Colombia no es tan fácil luchar contra la corrupción y por la defensa de lo público.

Fraternalmente

ANGELINO GARZON
Ex Vicepresidente de la República

Carta Abierta Angelino Garzón: “Expreso fraternalmente mi saludo a todos los integrantes de la Convención Nacional de la Alianza Social Independiente – ASI y les deseo éxitos en sus deliberaciones y conclusiones”

23 de enero de 2015

Carta Abierta Angelino Garzón

“Expreso fraternalmente mi saludo a todos los integrantes de la Convención Nacional de la Alianza Social Independiente – ASI y les deseo éxitos en sus deliberaciones y conclusiones”

Al agradecerle a su comité ejecutivo la invitación a participar fraternalmente en sus deliberaciones, quiero  manifestarles que por motivos personales no me fue posible asistir.

Me parece bien que la Alianza Social Independiente – ASI, tenga como propósito fundamental incidir positivamente en temas relacionados con el presente y futuro político y social de Colombia, de sus regiones y municipios.

Como es de público conocimiento por reciente concepto del Consejo Nacional Electoral – CNE, que es violatorio de mis derechos humanos, quede sometido al aval del Partido de la U para ser candidato a la Alcaldía de Bogotá o Cali. Aclaro que la aceptación de un posible aval en ningún momento comprometerá mi independencia.

En la perspectiva de mis esfuerzos, por el derecho de la población colombiana a vivir mejor y en paz, con todo respeto, les solicito a la presente convención que autorice al comité ejecutivo de la ASI para que convoque a un congreso abierto a la diversidad política y social del País, que tenga como propósito el de unir esfuerzos entorno a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2018, lo mismo que de octubre de 2015 para gobiernos regionales y locales.

De antemano, les manifiesto que estoy dispuesto a contribuir a un evento político de tal significación, junto con un equipo de amigos y amigas de todo el País.

Al desearles éxitos en sus deliberaciones y conclusiones, aprovecho para invitarlos e invitarlas a una reunión nacional que he convocado para los días 14 y 15 de mayo del presente año en la sede de Comfenalco Valle en la ciudad de Cali, donde definiré si seré candidato a la Alcaldía de Cali, Bogotá o a la Presidencia de la República en el 2018.

Fraternalmente,

ANGELINO GARZON

Ex Vicepresidente de la República

Carta Abierta Angelino Garzón Enero 22 de 2014

Carta abierta de Angelino Garzón
Bogotá D.C., 22 de enero de 2015

“El 23 de enero por razones personales desafortunadamente no podré asistir a la Convención Nacional de la ASI en Bogotá, el día 28 de enero a las 5 pm presidiré una reunión en Comfenalco Cali y el 5 de febrero estaré en Pasto en una reunión con el ex senador Camilo Romero”.

En estas reuniones informaré de manera detallada el proceso del aval a una posible candidatura a la Alcaldía de Cali o Bogotá, lo mismo que todo lo relacionado con el caso de la doble calzada Cali – Candelaria que nunca se construyó y en Pasto dialogaremos sobre la importancia de Nariño como departamento integrante del pacifico colombiano.

Con relación al aval considero que es violatorio de mis derechos humanos el concepto del Consejo Nacional Electoral, el cual afirma que el Partido de la U es el único que me puede avalar como candidato a la alcaldía de Cali o Bogotá.

Sobre este tema, el pasado 26 de diciembre en reunión en la ciudad de Cali, le manifesté directamente al Senador Roy Barreras Copresidente del Partido de la U, que si soy elegido Alcalde seré buen gobernante, defenderé la reconciliación y la paz, lucharé contra la corrupción y protegeré los bienes públicos.

Igualmente que mi aceptación del aval, no significa ser un gobernante al servicio del Partido de la U. También que en el caso de ser elegido Alcalde de Cali o de Bogotá velaré por los derechos de la población a vivir con equidad social, sin exclusión y sin violencia, principios que están por encima de los intereses particulares de todos los partidos políticos sean de derecha, centro o de izquierda.

Por otra parte manifiesto que entre el 2004 – 2007 periodo en el que fui Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, no se adjudicó el contrato de construcción de la doble calzada Cali- Candelaria, obra que nunca se construyó. Yo heredé el problema y la decisión de un tribunal de arbitramento (tribunal que irónicamente fue avalado por el mismo Gobernador que adjudico la obra en 1994). Este laudo arbitral obligaba al Departamento a pagar más de 20 mil millones de pesos por una obra que nunca se construyó.

Todas las acciones legales que como Gobernador del Valle adelanté frente a semejante atropello a los intereses del Departamento fueron avaladas en primera instancia por la Corte Constitucional.

Meses después en Sala Plena la Corte Constitucional dicto sentencia en contra de la Gobernación, por 4 votos a favor y 3 en contra. Los magistrados que votaron en contra de obligar al Departamento a pagar por una obra que nunca se construyó fueron Humberto Sierra Porto hoy Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jaime Araujo y Alfredo Beltrán.

En cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional en diciembre de 2007, como gobernador del Valle del Cauca y a pesar de no estar de acuerdo con la misma, pagué integralmente la suma de 20.743.302.874 de pesos a la empresa CISA, que irónicamente solo funcionaba para las demandas jurídicas y los cobros de dineros.

Lo negativo de todo, es que el Departamento del Valle del Cauca después de diciembre de 2007 pagó algunos intereses sin soporte legal.

Hasta el momento, los diferentes organismos judiciales, entre ellos, la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación, han manifestado por escrito que yo siempre actúe de acuerdo a la Ley, en defensa de lo público y del interés general.

Lo paradójico es que hasta el momento este proceso no se ha cerrado a pesar de que se cumplió integralmente el mandato de la Corte Constitucional y por el contrario los señores de CISA, sus abogados y algunos de sus defensores políticos de oficio, han tomado la Gobernación del Valle del Cauca como una vaca lechera y una estrategia política en contra del buen nombre de Angelino Garzón.

En mi opinión personal, el caso del carrusel de la contratación donde están involucrado los Nules en Bogotá, es una pendejadita frente a lo que paso y puede pasar con la carretera Cali – Candelaria, que se ha convertido en un barril sin fondo y un tema de nunca acabar.

En mi opinión manifiesto que todos los procedimientos legales están agotados y que hasta la fecha ni la Gobernación del Valle del Cauca ni organismo estatal alguno ha adelantado acción de repetición contra mí. Si dicha situación se llega a presentar, responderé jurídicamente ante la misma y solicitaré que sean llamadas también a responder ante los organismos de justicia todas las personas que han gobernado al Departamento del Valle del Cauca desde el año 1994, lo mismo que a los integrantes de sus equipos jurídicos, económicos y de infraestructura.

Como la lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes públicos hace parte integral de la promoción y defensa de los derechos humanos, he considerado prudente solicitar por escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH de la Organización de Estados Americanos – OEA, que estudie la posibilidad de recomendar a la justicia colombiana que dicho proceso quede cerrado con la sentencia de la Corte Constitucional y para que se proteja el derecho de la población del Valle del Cauca y a mi buen nombre.

En Pasto – Nariño junto con el Ex – Senador Camilo Romero posible candidato a la Gobernación de Nariño, trabajaremos conjuntamente el concepto de Nariño como región, y para aunar esfuerzos que permitan que tanto el gobierno nacional, como los gobiernos regionales de Chocó, Valle, Cauca y Nariño, implementen una política pública unificada en favor de las poblaciones afrodescendientes e indígenas.

Igualmente, trabajaremos en favor de una política de reconciliación y paz, porque los posibles acuerdos de paz van a repercutir principalmente en esos 4 departamentos, en sus ciudades capitales y en el pacifico colombiano, por ser en esta región donde se expresa abiertamente las consecuencias políticas y sociales del conflicto armado colombiano.

En Pasto reiteraré que el Estado y los empresarios colombianos tienen una deuda institucional, económica y social con el pacifico colombiano.

ANGELINO GARZÓN
Ex Vicepresidente de la República

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Reunión Preparatoria del Dialogo Social Nacional “Unidad en la diferencia: Por una Colombia de Regiones Diversas y en Progreso”

Invitación a Reunión Preparatoria del Dialogo Social Nacional “Unidad en la diferencia: Por una Colombia de Regiones Diversas y en Progreso”

Ciudad: Cali

Fecha: miércoles 28 de enero de 2015

Hora: 5:00 pm

Lugar: Auditorio Gran Salon 1, Mezanine Torre C de Comfenalco Valle, ubicado en la Calle 5 Numero 6 – 63

Agradecemos confirmar su asistencia al correo electrónico dialogosocialcali@gmail.com o al teléfono 321 4259379

Comunicación del señor Erney Rojas: Solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Caso Angelino Garzón

Señores

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
1889 F St., N.W.,
Washington, D.C., U.S.A. 20006

E-mail: cidhoea@oas.org
Teléfono: (202) 370-9000
Fax: (202) 458-3992

REFERENCIA: SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 25 del pacto internacional de derechos civiles y políticos aprobado en Colombia por la ley 74 de 1968, de acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país; ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

Artículo 25 del mencionado pacto internacional de derechos civiles y políticos del área interamericana:

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

  1. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
  1. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
  1. Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país

Distinguidos Comisionados:

HERNEY ROJAS ARENAS, ciudadano colombiano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cali, Colombia, identificado con la cédula de ciudadanía No 14.963.688, llego ante Ustedes, respetuosamente, para denunciar la vulneración que desde el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  de Colombia, se viene haciendo de los derechos políticos de grupos significativos de ciudadanos de los cuales hago parte, de postular e inscribir candidatos libremente,  e igualmente, de los derechos políticos  del ex Vicepresidente de Colombia, Dr. Angelino Garzón, al negarle los derechos políticos contenidos en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Continente de inscribirse por un partido diferente al Partido de Gobierno de la Unidad Nacional (Partido de la U),  mediante respuesta a consulta bajo radicado CNE-SS-7437 del 10 de diciembre de 2014, con tres (3) salvamentos de voto y tres (3) aclaraciones de voto.

PETICIÓN ELEVADA EN REPRESENTACIÓN DE UN GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS

El suscrito en representación de un grupo significativo de ciudadanos, dirigió el 13 de noviembre de 2014, vía correo electrónico, derecho de petición al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL sobre consulta relacionada con el derecho de un grupo significativo de ciudadanos para inscribir la candidatura del Ex vicepresidente de Colombia, Dr. Angelino Garzón a la Alcaldía de la ciudad de Santiago de Cali, para las elecciones regionales de octubre de 2015. El cual me fue respondido el día 17 de diciembre de 2014, vía correo electrónico, remitiéndome el mismo concepto entregado al Dr. Angelino Garzón.

CONSULTA DEL EX VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANGELINO GARZÓN Y RESPUESTA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Igualmente, el Dr. Angelino Garzón había dirigido consulta a la Corte Constitucional de Colombia el 2 de septiembre                                                                                          de 2014, sobre la posibilidad de inscribirse como candidato a la Alcaldía de Cali o Bogotá en 2015 por un partido diferente al Partido de la U. que lo avaló como candidato a la Vicepresidencia de Colombia en el año 2010, pero el Presidente de la Alta Corporación Constitucional se declaró sin competencia para resolverla y la dirigió al Consejo Nacional Electoral, que respondió con fecha 13 de noviembre de 2014,  lo siguiente:

“Primera pregunta:

¿En caso de ser candidato a la alcaldía bien sea de Bogotá o de Santiago de Cali, mi candidatura puede ser inscrita por un partido político diferente al partido de la U y en los tiempos que define la Ley de Partidos?

 

Respuesta:

“De acuerdo con las previsiones legales descritas anteriormente, la renuncia a la militancia de quien ostentó la investidura o cargo en representación de un partido debió realizarse con doce meses de antelación al primer día de inscripciones, esto es, a más tardar el 24 de junio de 2014, para así poder aspirar, por partido diferente al que milita, a cualquier cargo de elección popular, dentro de los que se encuentran, claro está, las gobernaciones, alcaldías municipales y distritales. Lo anterior con el fin de no quedar incurso en una posible revocatoria de inscripción por doble militancia”.

Segundo interrogante:

¿Se puede hacer también con firmas o es un derecho exclusivo del partido de la U de acuerdo a la Ley 1475 de julio de 2011, conocida como Ley de los Partidos?.

Respuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE):

“La prohibición de la doble militancia comprende a todos los ciudadanos, pero esta tiene unas características especiales tratándose de los militantes, directivos, miembros de corporaciones o de quienes ostenten cargo de elección, a nombre de un partido o movimiento político, por lo cual estos últimos deben renunciar al mismo doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

De acuerdo con lo manifestado por la Corte Constitucional, para las sanciones por doble militancia no hay diferencia entre un movimiento político con personería jurídica y otro que no la tenga. Los grupos por firmas integran este último segmento. “Por lo mismo que, de acuerdo con lo regulado por el inciso tercero y cuarto del artículo 108 de la Constitución Política , C.P., tanto las agrupaciones políticas con personería jurídica como sin ella están habilitadas para presentar candidatos a elecciones, las segundas supeditadas al apoyo ciudadano a través de firmas, y siendo uno de los ámbitos de justificación constitucional de la doble militancia la preservación del principio democrático representativo, mediante la disciplina respecto de un programa político y un direccionamiento ideológico, carecería de todo sentido que la restricción solo se aplicara a una de las citadas clases de agrupación política.

 

Significa lo anterior, que quienes quieran buscar el apoyo ciudadano mediante firmas, tampoco lo podrían hacer, pues la prohibición no es solamente para militar en otros partidos, sino para figurar o inscribirse por otros movimientos políticos.” (He subrayado)

Hasta ahí la respuesta del máximo Organismo Electoral de Colombia, tanto a la petición del suscrito como a la del Ex vicepresidente Angelino Garzón.

Ya antes, en el año 2011, el mismo Organismo Electoral de Colombia, mediante resolución No 2134 del 21 de septiembre de 2011 había dicho lo contrario ante solicitud de revocatoria de la inscripción del candidato a la Alcaldía de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco, quien fue elegido y actualmente se despeña en el cargo como máxima autoridad ejecutiva del Municipio de Cali:

“la prohibición de la doble militancia que se configura en el caso de su violación, es respecto de candidatos que se inscriban por un partido o movimiento político diferente de aquel que los inscribió mientras ostentaba la investidura o cargo.

En el caso de Rodrigo Guerrero Velasco,  la inscripción que inicialmente se realizó, lo fue por firmas, esto es, a través de un grupo significativo de ciudadanos –Alcalde Guerrero- por lo cual no se configuraba en manera alguna inhabilidad por doble militancia, pues en ningún momento dicho candidato militó simultáneamente en dos partidos o movimientos políticos con personería jurídica como se exigía al momento en que se realizó la inscripción.

Si bien Rodrigo Guerrero, fue elegido en el año 2007 como concejal de Cali en nombre y con el aval del Partido Conservador Colombiano, para aspirar al cargo de Alcalde del Municipio de Cali por firmas, e independiente renunció a su curul de concejal y al partido político que lo avaló para evitar quedar incurso en la inhabilidad por doble militancia y por ende la inscripción la hizo por el citado grupo de ciudadanos y no siendo militante de otro partido político o movimiento político con personería jurídica”

La doble postura del mismo Organismo Electoral sobre un mismo tema o asunto, muestra también flagrantemente la violación de otro articulado de la carta americana de derechos humanos, el artículo 24 que dice:

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley

“Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

Artículo 26:

El artículo 26 de la misma Carta refuerza el derecho a la igualdad:

“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

En Colombia por disposición del artículo 12 del acto legislativo 01 de 2009 (artículo 265 de la C.P.) el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  es la máxima autoridad en materia electoral y sus decisiones a solicitud de los ciudadanos determinan quién puede participar en las elecciones como candidato y cómo puede inscribirse  y también define quienes pueden inscribir candidatos.

La norma establece:

“ARTÍCULO 265. (Artículo modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de

2009)

El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. ”

Por dicha potísima razón, la respuesta del Consejo Nacional Electoral negando el derecho a la posible participación del Dr. Angelino Garzón como candidato a las próximas elecciones regionales de Colombia en octubre 25 de 2015, sea por un partido diferente al Partido de la Unidad Nacional, al cual renunció en el mes de agosto de 2014, o por firmas recogidas por grupos significativos de ciudadanos, constituye una grave amenaza a la democracia colombiana y viola flagrantemente los artículos 23, 25 y 26 de la Carta Americana de derechos Humanos, máxime cuando es  favorito de las encuestas realizadas por los medios de comunicación con un porcentaje del 45 % de favorabilidad de los encuestados (diario el País de Cali de fecha 04 de diciembre de 2014) y en el diario Occidente y noticiero CMI con fecha julio 22 de 2014, con una favorabilidad del 30% ocupando también el primer lugar de la encuesta.

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HÉCTOR HELÍ ROJAS JIMÉNEZ DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

“El Acto legislativo No. 01 de 2.009, modificó el Art. 107 Constitucional y ordenó que una Ley estatutaria desarrollara sus contenidos (Parágrafo transitorio 2° “El Gobierno Madona! o los miembros del Congreso presentarán, antes del 1° de agosto de 2009, un Proyecto de Ley Estatutaria que desarrolle este artículo”. Esa ley se identifica hoy día como la Ley 1475 de 2.011 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”. Los militantes de los grupos significativos de ciudadanos no están incluidos en la Prohibición. No los menciona siquiera el Art. 107 Constitucional, menos lo puede hacer una norma de inferior rango, que material y formalmente está supeditada a los contenidos de la Carta política como es la categoría de la Ley 1475 de 2.011. Expresiones como “renunciar a la curul” en el texto del Art. 2° de esta Ley solo se entienden para los miembros de las Corporaciones Públicas. La Ley habla en el inciso 2° del artículo de “renuncia al cargo” pero solo para los directivos de los partidos y movimientos políticos.

…………Concluyo que ni normativa ni jurisprudencialmente se puede afirmar que la doble militancia se predica también de los miembros de los grupos que inscriben candidatos por firmas. Refuerza mi conclusión el hecho de que el inciso 2°del mismo Art. 2° de la Ley 1475 de 2.011 que se ocupa de la doble militancia de los Directivos, si se refiere a los grupos significativos de ciudadanos, a más de los Partidos y Movimientos. Es decir, en mi concepto, ningún directivo puede ser elegido a cargo o Corporación Popular “por otro Partido o Movimientos Políticos o grupo significativo de ciudadanos”. En cambio quien ocupe un cargo o sea miembro de Corporaciones públicas de elección popular no puede ser elegido (sin la renuncia 12 meses antes de la inscripción) “por un Partido o Movimiento Político distinto”, pero si por un grupo significativo de ciudadanos.” (He subrayado)

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL FELIPE GARCÍA ECHEVERRY

“El análisis que precede conduce a señalar que para los supuestos de hecho planteados en la Consulta, no es aplicable la obligación de renunciar al cargo doce (12) meses antes del primer día de las inscripciones para las elecciones siguientes, como condición para no incurrir en doble militancia cuando esa inscripción se hace por un partido o movimiento distinto. En efecto, la Consulta plantea supuestos de hecho que dicen relación con un cargo uninominal de elección popular, al paso que la regla de los doce (12) meses aplica para miembros de corporaciones públicas por expresas disposiciones constitucional y estatutaria. Así las cosas, debo resumir las conclusiones de mi respetuoso disenso

en los siguientes términos:

  1. a) Los supuestos de hecho de la Consulta indican que si bien es cierto que el peticionario resultó ser un candidato electo, también lo es que concluyó su periodo constitucional cumpliendo a cabalidad con la obligatoriedad de acatar el “principio o mandato democrático representativo”, primer presupuesto normativo, en nombre de un partido político con personería jurídica, del cual hizo parte hasta después de dejar el cargo de elección popular.
  1. b) El peticionario no era miembro de una corporación pública como para que a su caso se imponga el deber constitucional y estatutario, cuando decida postularse a la siguiente elección por un partido distinto al aludido en el literal precedente, de “renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”, por cuanto ocupaba un cargo y no una curul en una corporación pública.
  1. c) Una vez concluyó el período constitucional del cargo para el cual fue elegido, seguida la cesación del cargo de la renuncia expresa del peticionario al partido al que pertenecía, el peticionario se convirtió ipso jure en un destinatario diferente (ciudadano) de aquellos contemplados por el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.
  1. d) Darle al peticionario únicamente el carácter de “candidato electo” para resolver su Consulta sin tener en cuenta los presupuestos antes analizados, es ir en desmedro de lo dispuesto en el último inciso del articulo 107 Superior y de los argumentos Jurisprudenciales, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, cuando han determinado con meridiana claridad que los principales receptores de tal normativa (inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011) son los miembros de las Corporaciones Públicas.
  1. e) Bajo una hermenéutica no restrictiva como la que se efectúa en el concepto y asumiendo por un momento y en gracia de discusión que la regla de los doce (12) meses aplica también para cargos uninominales y no solo para corporaciones públicas, la única posibilidad para que se configurara la obligatoriedad de la pluricitada renuncia anticipada al cargo, es que el peticionario hubiese pretendido participar como candidato en las elecciones Presidenciales 2014 por una organización política diferente a aquella que lo avaló para el cargo ejercido, situación no planteada en la Consulta. Se reitera que según el planteamiento de hecho de la Consulta, el peticionario cumplió hasta el final el mandato democrático representativo a él encomendado.

………..Luego entonces, en este ulterior pronunciamiento se denota que la posición jurisprudencial acerca de la doble militancia, permanece incólume en el sentido de la obligatoriedad para los candidatos electos de permanecer en el partido por el cual resultaron elegidos “mientras ostenten su cargo”, luego de lo cual quedarán en libertad de afiliarse a otro conforme le sea posible, bajo la premisa de que no se lancen como candidatos a la misma corporación o cargo en la siguiente elección.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en la misma sentencia se ocupó de reiterar cuándo un candidato incurre en doble militancia, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 107 Superior, de acuerdo con el siguiente argumento jurídico:

(…) 4.4.6. El candidato que participa en un proceso electoral incurre en doble militancia cuando se configura el supuesto de hecho previsto en la segunda y en la tercera de las reglas constitucionales relevantes, a saber inscribirse como candidato por un partido diferente de aquél con en cuya consulta interna participó o en nombre del cual participó en una consulta interpartidista, de cara a un mismo proceso electoral (art. 107, inc. 5 C.P.); e inscribirse como candidato por un partido diferente de aquél por el cual fue elegido miembro de una corporación pública, salvo que se renuncie a éste por lo menos doce

meses antes del primer día de inscripciones (art. 107, inc. 12 C.P.). (..)”. Magistrado ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO”

ACLARACIÓN  DE VOTO DEL MAGISTRADO ARMANDO NOVOA GARCÍA

 “Para responder este interrogante, es necesario tener en cuenta que según el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, el aval para la inscripción de candidatos es una prerrogativa de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, una vez verifiquen el cumplimiento de sus calidades y los requisitos para ser candidatos. Lo anterior en consonancia con los estatutos, los cuales deben regular las normas internas para la postulación, selección o inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.

Ahora bien, la restricción de la doble militancia, para el caso concreto de quienes hubieran sido elegidos por un partido o movimiento político a un cargo o a una corporación de elección popular, implica que, si aspiran en la siguiente elección por agrupación política diferente o por un grupo significativo de ciudadanos debidamente registrado, deben renunciar a su “cargo” o “curtir con doce (12) meses de antelación al primer día para la inscripción de candidatos. Y si no lo hacen, deben someterse a las reglas del respectivo partido o movimiento al que pertenecen, a efecto de obtener el aval para la inscripción de la candidatura.

La anterior situación admite una precisión: en el evento en que el partido o movimiento político se abstenga injustificadamente de otorgar el aval, esto es, cuando lo niega a pesar que el candidato no se encuentre inhabilitado y cumpla con las calidades y requisitos de conformidad con los estatutos o, más aún, cuando se escoja el mismo sin observar los procedimientos democráticos allí  consignados, sería irrazonable y desproporcionado entender que el candidato queda imposibilitado para participar en el respectivo proceso electoral pues se sacrificaría injustificadamente el núcleo esencial de su derecho fundamental a ser elegido (artículo 40-1 C.P.) y se llegaría a una situación que atiende únicamente el

derecho de inscripción de la agrupación política a que perteneció. Situación que podría derivar en una solución desproporcionada a favor del partido o movimiento político en desmedro de los derechos del aspirante, y que, sin duda, afectaría irrazonablemente el núcleo esencial de su derecho individual de ser elegido. Lo anterior es consonante con la restricción de la doble militancia que aunque limita el derecho a ser elegido, no lo elimina.” (He subrayado)

 EVENTUAL PERJUICIO IRREMEDIABLE PARA EL GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS

Al asimilar el concepto el grupo significativo de ciudadanos a un partido político y señalar que no podríamos inscribir como nuestro candidato a la Alcaldía de Santiago de Cali en 2015 al Ex vicepresidente Angelino Garzón, nos está coartando nuestros derechos políticos consagrados en el artículo 25 de la carta de derechos de la comunidad interamericana de Estados de:

Gozar sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

  1. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
  1. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
  1. Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país

 

EVENTUAL PERJUICIO IRREMEDIABLE PARA EL CANDIDATO ANGELINO GARZÓN

El concepto del Consejo Nacional Electoral señaló que sólo puede ser candidato a las elecciones regionales de 2015 por el Partido de Gobierno, lo cual implica que para poder ser avalado por el Partido de la U, el Dr Angelino Garzón tiene que obligatoriamente afiliarse a esa agrupación política.

Al anunciar el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL en dicho concepto que el Ex vicepresidente Angelino Garzón, sólo puede inscribirse para las elecciones regionales de 2015 por el Partido de la U, se le están vulnerando igualmente sus derechos políticos consagrados en el artículo 25 de la Carta Interamericana de derechos humanos, de conformidad con la jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha prohibido dicha práctica.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA (apartes sentencia caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, 6 de agosto de 2008)

“En el ámbito universal, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya redacción es similar en una importante medida a la disposición de la Convención Americana, establece parámetros amplios en lo que se refiere a la regulación de los derechos políticos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al interpretar dicha norma ha dicho que “el Pacto no impone ningún sistema electoral concreto” sino que todo sistema electoral vigente en un Estado “debe ser compatible con los derechos amparados por el artículo 25 y garantizar y dar efecto a la libre expresión de la voluntad de los electores”[1]. En particular, respecto de las limitaciones al derecho a ser elegido, el Comité señaló que:

[e]l derecho de las personas a presentarse a elecciones no deberá limitarse de forma excesiva mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos. Toda exigencia de que los candidatos cuenten con un mínimo de partidarios [para presentar su candidatura] deberá ser razonable y no constituir un obstáculo a esa candidatura […][2].

……………164. La Corte advierte que este aspecto de la Observación General No. 25 se refiere a la obligación de no limitar, de forma excesiva, que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos para ejercer estos derechos. Ello es un supuesto de hecho distinto al registro exclusivo por parte de los partidos de los candidatos. En el presente caso, ni la norma que se alega contraria a la Convención ni otras del COFIPE establecen como requisito legal el estar afiliado o ser miembro de un partido político para que se registre una candidatura y permite que los partidos políticos soliciten el registro de candidaturas de personas no afiliadas a ellos o candidaturas externas.”

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.  Respetuosamente solicito a los distinguidos Comisionados que se apruebe la solicitud de medidas cautelares al Estado Colombiano, con el objeto de que se apliquen los artículos 23, 25 y 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos y se permita la inscripción del Dr. ANGELINO GARZÓN  como candidato a las elecciones regionales del mes de octubre de 2015, ya sea por un partido distinto al Partido de Gobierno denominado Partido de Unidad Nacional, del cual renunció en el mes de agosto de 2014, o ya sea por firmas como lo deseamos importantes sectores de ciudadanos en Colombia.

La negativa de esa posibilidad realizada por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  de Colombia, máxima autoridad del ramo en Colombia, se constituye en un asunto de suma gravedad y urgencia y la medida cautelar servirá para evitar un perjuicio irremediable, toda vez que se impedirá que grupos significativos de ciudadanos podamos inscribir la candidatura por firmas, o que el propio candidato lo haga por un partido distinto al Partido de Gobierno de la Unidad Nacional.

La ley que permite en Colombia la inscripción de candidatos a elecciones populares por firmas, establece unos requisitos de modo, tiempo y lugar que harían nugatorio el derecho de nuestro grupo significativo de ciudadanos a realizar la inscripción puesto  que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, máxima autoridad electoral,  con base en el concepto emitido lo declararía ilegal.

AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS

Es perfectamente conocido que el CIDH admite las solicitudes si han cumplido el requisito del agotamiento de los recursos internos, lo cual en el presente caso se ha cumplido a cabalidad, pues el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  es la máxima autoridad de Colombia en dicha materia, y como tal su negativa a la posibilidad de la inscripción como candidato para elecciones regionales de un ciudadano, en este caso, de un ex Vicepresidente de la República (2010-2014), es un hecho grave y notorio de violación de la convención americana de derechos humanos, porque cierra la posibilidad de poder inscribir al Dr. Angelino Garzón por un grupo significativo de ciudadanos o por un partido diferente al partido de Gobierno, Partido de la Unidad Nacional (Partido de la U). Por lo cual considero conducente la petición de la medida cautelar de protección que se solicita.

En el caso mío y de los integrantes del grupo significativo de ciudadanos que represento, votamos por el Candidato a la Gobernación del Valle del Cauca Angelino Garzón en el año 2003, y votamos también por el Dr. Angelino Garzón siendo candidato a la Vicepresidencia de la República de Colombia en el año 2010, por lo cual asumimos que tenemos el derecho de volverlo a postular como candidato a la Alcaldía de Santiago de Cali o la de Bogotá para las elecciones a realizarse en octubre de 2015.

Por ello me dirigí a la máxima autoridad Electoral de Colombia, el Consejo Nacional Electoral, el día 13 de noviembre de 2014, vía correo electrónico, para solicitarle su pronunciamiento sobre el derecho de grupos significativos de ciudadanos de inscribir candidatos de elección popular, específicamente del Expresidente de la República Angelino Garzón, respuesta que como lo consignamos anteriormente negó esa posibilidad conculcando nuestros derechos políticos contenidos en la carta magna interamericana de derechos humanos, en su artículo 25.

PRUEBAS Y ANEXOS:

  1. Copia de petición elevada a la Corte Constitucional de Colombia el 2º de septiembre de 2014 por el Dr. Angelino Garzón
  2. Copia de petición elevada por el suscrito abogado al Consejo Nacional Electoral el 13 de noviembre de 2014
  3. Respuesta del Consejo Nacional Electoral al suscrito vía correo electrónico y al Ex vicepresidente Angelino Garzón de fecha diciembre 14 de 2014
  4. Resolución 2134 de fecha 21 de septiembre de 2011 en el caso del candidato a la Alcaldía de Cali Rodrigo Guerrero Velasco
  5. Tres salvamentos de voto en la respuesta al Dr. Angelino Garzón y tres aclaraciones de voto.
  6. Copia del Periódico el País de Cali con los resultados de la encuesta de 04 de diciembre de 2014 donde los encuestados dan un 45% de favorabilidad del Dr. Angelino Garzón
  7. Copia de la encuesta del Diario Occidente del 26 de diciembre de 2014

 

NOTIFICACIONES

Las recibiré vía correo electrónico, al correo erneyrojas@hotmail.com,  o a mi dirección de oficina ubicada en la carrera 8 # 9-68 oficina 505 de Cali- Colombia- teléfono 3146826911

Cordialmente,

HERNEY ROJAS ARENAS

C.C. 14.963.688 DE CALI

[1]              Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 25, Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas (art. 25) de 12 de julio de 1996, párr. 21

[2]           Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 25, supra nota 56, párr. 17.